El gobierno de Javier Milei distribuyó un borrador de la nueva “ley de Bases” a gobernadores y referentes legislativos en un intento por lograr una norma “consensuada” y evitar una nueva derrota legislativa. El proyecto, de 177 páginas, establece una emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año. Además, contempla una amplia reforma del Estado con autorización para privatizaciones de empresas públicas y un blanqueo laboral.

El proyecto propone facultades para el Presidente por un año, con informes mensuales al Congreso. También prevé la reorganización y privatización de empresas públicas, excluyendo algunas como YPF o el Banco Nación. En el capítulo de empleo público, establece medidas de reestructuración y actualización mensual de las jubilaciones. Prohíbe operaciones de concentración económica y crea una agencia de mercados y competencia.

En cuanto a energía, promueve inversiones y no fija precios de referencia, permitiendo la libre comercialización de hidrocarburos y autorizando importaciones de gas natural sin aprobación previa. Además, crea un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, destinado a fomentar inversiones nacionales y extranjeras con un monto mínimo de inversión en activos computables de U$S 200 millones.