En una noche de viernes, el escenario se tiñó de incertidumbre en Perú. Los titulares de los medios locales anunciaban con desasosiego el allanamiento a la residencia de la presidenta Dina Boluarte. ¿La razón? Una investigación en curso sobre presunto enriquecimiento ilícito. Equipos de fiscales y policías irrumpieron en su hogar, marcando un hito en la historia del país: la primera vez que la justicia penetraba con fuerza en el domicilio de un presidente en ejercicio.

La oscuridad de la noche fue testigo de un inusual escenario. La vivienda de la mandataria se vio invadida por las autoridades, en busca de tres lujosos relojes Rolex, objeto de una pesquisa preliminar por omisión de declarar en perjuicio del Estado. Mientras tanto, el Palacio de Gobierno no escapó a la mirada de la ley; también fue blanco de la diligencia judicial.

El amanecer del sábado no trajo consigo calma. Los fiscales, bajo la dirección del fiscal general Juan Villena, se desplazaron hacia el palacio presidencial, continuando la redada ordenada por la Corte Suprema. Un gesto sin precedentes que desató controversia y especulaciones en la opinión pública.

Las imágenes transmitidas por los medios mostraban a agentes policiales forzando la entrada a la casa de la presidenta, mientras ella se encontraba ausente, dejando solamente la presencia de uno de sus hijos. En medio de la noche, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, intentaba calmar los ánimos, minimizando el suceso y desacreditando la investigación como una “tormenta donde no la hay”, lamentando el impacto en la estabilidad política y las inversiones del país.

Sin embargo, las declaraciones de Adrianzén no tardaron en contradecirse. Horas más tarde, el tono de sus palabras cambió radicalmente. Ahora, el allanamiento era descrito como un “atropello a la dignidad” de la presidenta Boluarte y del país que representa. Una situación inaceptable e inconstitucional que encendió aún más los ánimos en la escena política nacional.

El fiscal general, por su parte, señaló la actitud de Boluarte como un claro signo de rebeldía, al intentar postergar las diligencias judiciales argumentando una “recargada agenda”. La mandataria, en medio de una creciente crisis política, se veía obligada a enfrentar las acusaciones sobre la procedencia de los lujosos relojes que adornaban su muñeca, relojes que no figuraban en sus declaraciones de bienes.

El parlamento también se sumó al escenario de confrontación. Legisladores comenzaron a recabar firmas para solicitar la destitución de Boluarte, mientras ella reafirmaba su posición de no temer a las vacancias. La investigación, desencadenada por el descubrimiento de los Rolex de lujo, ponía en tela de juicio el ascenso político y económico de Boluarte, quien pasó de ser una modesta funcionaria a ocupar el cargo más alto del país.

El relato de Boluarte, una abogada de origen humilde, se veía eclipsado por las sombras de la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Los medios escrutaban cada detalle de su trayectoria, desde sus modestos inicios hasta su ascenso al poder, destacando el contraste entre sus ingresos oficiales y la ostentación de sus posesiones.

La investigación, lejos de diluirse, cobraba fuerza con el paso de los días. La sociedad peruana observaba con atención el desenlace de este drama político, preguntándose si la justicia prevalecería sobre el poder. Mientras tanto, en los pasillos del poder, los hilos del destino de Boluarte y el futuro de Perú se entrelazaban en un complejo tejido de ambición y justicia.