El empresario de la carne Marcelo Guerra, titular del frigorífico Silro S.A., ha sido procesado por lavado de activos en una compleja causa llevada por la Justicia Federal. La investigación reveló que Guerra ingresó al circuito formal cientos de millones de pesos obtenidos de manera ilícita, vinculados tanto a la evasión fiscal como a presuntos vínculos con el narcotráfico.

La Justicia le ha impuesto a Guerra un embargo de más de 8.300 millones de pesos y una caución personal de 20 millones de pesos para evitar su encarcelamiento durante la etapa de investigación.

Guerra, hijo de Roque Guerra, quien ya fue condenado en los años 90 por evasión fiscal, enfrenta acusaciones por lavado de activos agravado por la habitualidad. La denuncia inicial, presentada por el fiscal Carlos Gonella de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), señaló operaciones sospechosas en la cuenta bancaria de Guerra, que no contaba con documentación suficiente para respaldar el origen de los fondos.

Las investigaciones posteriores revelaron movimientos financieros y patrimoniales de Guerra que no estaban respaldados por ingresos lícitos, incluyendo depósitos en efectivo, compraventa de moneda extranjera, adquisición de vehículos y bienes inmuebles, entre otros. Además, Guerra tenía una situación fiscal “precaria” y declaraba ingresos gravados cero, a pesar de manejar cuentas bancarias millonarias y estar al frente de un frigorífico.

Se ha señalado que los fondos ilícitos de Guerra provienen tanto de la evasión fiscal cometida por su padre como de presuntos vínculos con el narcotráfico. Se ha documentado que Guerra mantuvo relaciones con individuos asociados al narcotraficante Sergio “Cocón” Sala, implicado en lavado de activos y detenido en el marco del Operativo Poseidón.

En resumen, Marcelo Guerra enfrenta graves acusaciones de lavado de activos, y la Justicia ha tomado medidas contundentes, incluyendo un embargo millonario y una caución personal, en el marco de una investigación que apunta a esclarecer sus actividades financieras ilegales y sus posibles vínculos con el crimen organizado.