Después de un prolongado período de negociaciones y especulaciones políticas, Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, optaron por avanzar con una modificación crucial en la fórmula jubilatoria a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Aunque esta medida se consideraba desde hace semanas, el Presidente había pospuesto su ejecución en búsqueda de un consenso legislativo, ya sea dentro del proyecto Bases o como una ley independiente, con el fin de evitar potenciales desafíos judiciales o rechazos del Congreso. Sin embargo, la falta de avances en las negociaciones políticas llevó a tomar la decisión de proceder con el DNU, cuya publicación se espera en el Boletín Oficial con una actualización basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un porcentaje extra, probablemente entre el 12 y el 14 por ciento.

La urgencia radicaba en evitar que la fecha límite del 1ro de abril fuera rebasada, ya que esto retrasaría la aplicación de la nueva fórmula y empeoraría la situación social de los jubilados. Por lo tanto, la administración se vio forzada a descartar los pedidos de PRO para tratar el proyecto de María Eugenia Vidal y a aceptar que la nueva fórmula previsional se discutiera en el marco de la Ley Ómnibus.

Esta opción no fue la preferida para el Ejecutivo, que recientemente había enfrentado dificultades con un DNU similar en el Senado, lo que generó críticas y preocupaciones por su constitucionalidad. Los decretos no solo enfrentan la posibilidad de rechazo parlamentario, sino también el riesgo de ser impugnados judicialmente, como sucedió con otras medidas. A pesar de estos desafíos, la urgencia por abordar la situación previsional llevó al Gobierno a tomar esta decisión.