Apenas a 10 días de haber asumido su cargo como diputada provincial de Mendoza, Janina Ortiz se encontraba en el centro de la controversia debido a una serie de presuntos delitos que se le atribuían por su gestión anterior en la Municipalidad de Las Heras. Rápidamente perdió su inmunidad parlamentaria. Cuatro meses después, la Legislatura mendocina votó el miércoles su suspensión por “conducta deshonrosa”. Se le acusa de fraude a la administración pública y de coacción agravada, supuestamente por obligar a una empleada municipal a tener relaciones sexuales con un funcionario.

Ortiz fue elegida como legisladora provincial representando a La Unión Mendocina, un partido aliado a La Libertad Avanza. Ayer, con el respaldo de 34 de los 47 diputados presentes, fue oficialmente suspendida de sus funciones y dejará de percibir su salario correspondiente.

Según el portal Mendoza Post, el pedido de suspensión recibió el apoyo de 27 diputados de Cambia Mendoza, los 2 del Partido Verde y 5 del bloque peronista, afines a los intendentes Omar Félix y Matías Stevanato, así como al ex vicegobernador Carlos Ciurca. Por otro lado, 4 legisladores del justicialismo se abstuvieron y uno estuvo ausente. Mientras tanto, los diputados que responden a Omar De Marchi no solo votaron en contra de la suspensión, sino que durante la sesión del miércoles defendieron a su colega de La Unión Mendocina.

Dado que se trata de una suspensión y no de una destitución, la Cámara de Diputados de Mendoza continuará funcionando con un miembro menos, es decir, 47 legisladores. Ortiz solo podrá volver a ocupar su cargo si la Justicia la absuelve.

Los fiscales Flavio D’Amore, de la Fiscalía de Instrucción N°7, y Patricia Atur, de la Fiscalía de Instrucción N°32, consideran que hay pruebas suficientes para imputar a Ortiz. Sin embargo, esta debe ser notificada por el fiscal en una audiencia. En este punto, Ortiz y su abogada, Elena Quintero, han presentado casi veinte nulidades para evitar comparecer ante los representantes del Ministerio Público Fiscal.

En relación con la acusación de “coacción agravada”, su abogada también ha interpuesto un recurso de nulidad que ha detenido la imputación y que debe ser resuelto por la cámara.

Existe una tercera causa en la que Ortiz podría enfrentar acusaciones. Se trata de un caso de abuso sexual en una dependencia del municipio, donde el presunto autor material sería Franco Cortez, ex director de Juventud, quien está procesado en el caso. Según la denunciante, Ortiz habría instado a la víctima a “quedarse en silencio” porque el presunto agresor era el esposo de su mejor amiga. Ortiz está siendo investigada por encubrimiento.